La Ley 15008 - Acciones Administrativas y Medidas Cautelares

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Estimados socios, transcribimos para vuestro conocimiento, informe realizado por el Estudio Velasco, Durrieu y Asociados, referente a las acciones administrativas y medidas cautelares sobre el juicio de inconstitucionalidad de la ley 15008, realizada por La Unión: 

 

"Atento las numerosas consultas, recibidas por la Unión y el Estudio Velasco, Durrieu y Asociados relacionadas con la suspensión por 180 días dispuesta por la ley 27.541 y la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 163/2020 y su aplicabilidad a los Asociados en virtud de ley 15.008 y sobre cómo deberían proceder los mismos, hacemos las siguientes aclaraciones.

Consultado con el Estudio que nos asesora y por la larga experiencia de esta Unión respecto de los reclamos administrativos, entendemos que su eficacia es prácticamente nula, ello en la medida que la Caja se encuentra sujeta a las leyes vigentes, (15.008, 24.241, 26.417, 27.541 y DNU 163/2020) y carece de facultades para realizar interpretaciones de inaplicabilidad de las leyes o declarar su inconstitucionalidad, es por ello que esta Unión no recomienda la iniciación de tales reclamos que por larga experiencia sabe que no conducen a un resultado efectivo.

La Unión desde el primer día de dictada la ley 15.008 ha decidido atacar el problema desde su origen, la inconstitucionalidad de la citada norma, y no de las normas consecuentes que se derivan de su aplicación. Porque entendemos que el problema debe ser atacado de raíz.

Asimismo, entendemos que pretender atacar la aplicación del DNU 163/2020 o la ley 27.541 sería reconocer la validez de la ley 15.008 que legaliza la aplicación del sistema de actualización del ANSES a los Jubilados del Banco Provincia.

Pretender defender el régimen establecido por la ley 26.417, para evitar la aplicación de la suspensión dispuesta y el aumento arbitrario dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 163/2020, no sería otra cosa que consentir la vigencia de la ley 15.008. Ninguna de estas normas es aplicable a los Jubilados del Banco Provincia por el simple hecho que la ley 15.008, si bien a la fecha se encuentra vigente, es inconstitucional y así lo estamos solicitando a la Suprema Corte de Buenos Aires.

Tanto la Unión como el Estudio que nos asesora han comprobado por casos ya con éxito que la única medida efectiva es el inicio de medidas cautelares, solicitando se mantenga el régimen que cada jubilado tenía antes de la entrada en vigor de la ley 15.008.

Estas medidas cautelares deben ser iniciadas personalmente por cada uno de los Asociados, ya que no pueden serlo por la Unión en nombre de todos.

Para ello se debe dejar constancia en el pedido que NO SE ESTA RENUNCIANDO A LA ACCIÓN DE CLASE iniciada por la Unión Jubilados que tramita actualmente en la Suprema Corte de Buenos Aires, sino que es un incidente de dicha acción.

Las medidas cautelares pueden ser iniciadas ante cualquier juez de primera instancia de la Plata dejando constancia de lo dicho en el párrafo anterior y solicitar que durante el trámite de la acción de clase y hasta que dicha acción quede firme se continúen abonando los haberes conforme el régimen vigente anterior al dictado de la ley 15.008.

Entendemos que esta es la forma más eficaz de evitar la aplicación tanto de la ley 15.008, la ley 24.241 y 26.417, la suspensión de dispuesta por ley 27.541 y el arbitrario aumento dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante DNU 163/2020.

Sí debemos advertir que las medidas cautelares son provisorias y no garantizan que lo que se cobra durante el juicio no deba ser devuelto con más intereses, en el hipotético y remoto caso que la Suprema Corte de Buenos Aires no hiciese lugar al pedido de inconstitucionalidad, lo que ciertamente implica un riesgo que cada Jubilado debe analizar.

A los fines de iniciar las medidas cautelares descriptas, cada Asociado podrá contratar al profesional de su confianza, pero recomendamos solo iniciar medidas cautelares relacionadas con la acción de clase. Iniciar un reclamo autónomo implica necesariamente ser excluido de la acción de clase hoy en trámite, ya que nadie puede tener dos juicios por el mismo tema.

Esperando haber podido aclarar las cuestiones que comúnmente son preguntadas tanto a la Unión Jubilados como al Estudio Jurídico, hacemos saber que cualquier consulta al respecto puede ser evacuada por el Dr. Alejandro Carullo (5032-2035) que actualmente asesora a esta Institución y sus Asociados y lleva adelante el juicio que esperamos en corto tiempo sea reconocido.

La Unión Jubilados desde el primer día se encuentra abocada a obtener una solución definitiva para su Asociados, sabemos que los tiempos de la Justicia difieren radicalmente con los de nuestras expectativas y necesidades, sin perjuicio de ello, es siempre nuestra intención ir por el camino más seguro y efectivo, sin crear en nuestros Asociados falsas expectativas o proponer soluciones mágicas que sabemos no conducen a nada. Uds. son nuestra principal preocupación y por ello diariamente estamos en búsqueda de una solución definitiva a esta flagrante injusticia.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y, como siempre, estamos a su entera disposición.

Estudio Velasco, Durrieu y Asociados”

COMISIÓN DIRECTIVA

 

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